Contexto

Contexto

La problemática social relacionada con las niñas y las adolescentes en América Latina y el Caribe requiere la movilización de todos los actores de la sociedad para garantizar sus derechos fundamentales. Los países de la región tienen el reto de no sólo intervenir de manera eficaz en la educación sexual y reproductiva de los niños, niñas y adolescentes, sino también fortalecer la red de protección de sus derechos, aumentar las oportunidades laborales y de formación, y proveer acceso a servicios de salud y educación.

En América Latina la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes, entre 10 y 19 años de edad, es la segunda más alta del mundo de acuerdo con las estadísticas (2020) que manejan la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Se estima que alrededor de 18 % de los nacimientos de la región corresponden a madres menores de 20 años.

Las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente se evidencian en las brechas educativas provocadas por la deserción escolar; en las desigualdades de crecimiento y desarrollo; en el aumento de la violencia de género; en la perpetuidad de las situaciones precarias de salud y en el ciclo de pobreza transgeneracional que se crea.

EN EL CONTINENTE LATINOAMERICANO, LA REPÚBLICA DOMINICANA OCUPA…

· El 1.º LUGAR en la tasa de MATRIMONIOS INFANTILES Y UNIONES TEMPRANAS
· El 3.º LUGAR en el registro de FEMINICIDIOS
· El 1.º LUGAR de EMBARAZOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

En la publicación 2020 del Global Gender Gap Report, editada por el Foro Económico Mundial, se revela además cómo la paridad de género alrededor del mundo tardará en alcanzarse dentro de unos 100 años. La República Dominicana, en el ranking general del estudio, se ubica en el puesto 86 de 153 países participantes; y en la posición número 21 entre las 25 naciones que conforman el grupo de América Latina y el Caribe, demostrando cuán importante es trabajar en las competencias y el liderazgo de las mujeres.

En el caso específico de Miches, y de acuerdo con un estudio realizado por World Vision (2020), 10.5 % de las adolescentes de la comunidad, entre 12 y 18 años, están o han estado embarazadas; y 4.3 % viven en pareja. Ese contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran no solo incide en el tiempo que tienen que dedicarle a la realización de las labores domésticas que no son propias de su edad, sino que también aumentan los riesgos que pueden correr en una etapa tan determinante en sus vidas.

El impacto de la pandemia de la COVID-19 evidenció cómo las comunidades rurales fueron las más propensas a registrar aumentos en las cifras de embarazos no deseados, casos de violencia basada en género y prácticas nocivas como el matrimonio infantil. Las dificultades económicas provocadas por las medidas globales de bloqueo, confinamiento y distanciamiento social incidieron directamente en el bienestar de las niñas y las mujeres e imposibilitaron las acciones de prevención.

Las uniones tempranas representan una violación que afecta negativamente el crecimiento: 36 % de las niñas y adolescentes dominicanas se casaron antes de los 18 años; y 12 % sin haber llegado a los 15. En la República Dominicana el matrimonio infantil fue legal hasta finales del año 2020 cuando se aprobó la modificación del marco jurídico y el 06 de enero de 2021 el poder ejecutivo promulgó la ley número 1-21 que lo eliminó. Desde entonces, la firma del decreto 1-21 salvaguarda los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes dominicanas. Si bien las leyes están establecidas, la práctica y aceptación cultural de las uniones tempranas continúan.

La violencia basada en género en Latinoamérica persiste y de acuerdo a los registros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) las tasas de feminicidio siguen en aumento. Tan solo entre 2010 y 2019 se registraron 1,795 muertes y los casos relacionados con abuso sexual y hostigamiento no disminuyen. Tanto en Miches, como en las zonas aledañas, más del 50 % de las adolescentes asegura que ha sufrido algún tipo de maltrato o amenaza por parte de familiares u hombres relacionados con su entorno.

La parentalidad adolescente contribuye con la deserción escolar, interfiriendo con la calidad de vida y las oportunidades que las jóvenes puedan alcanzar en el futuro. En el año 2016, de acuerdo con un estudio realizado por EDUCA - Acción Empresarial por la Educación, 39.8 % de las mujeres se desvincularon del sistema educativo debido a un embarazo temprano. Circunstancias como el cierre de las escuelas decretado en marzo de 2020 por el coronavirus agravaron la situación: alrededor de 20,000 estudiantes dominicanos abandonaron la escuela según datos recabados por Save the Children.